El Colegio de Profesores, junto a la CUT, anunció la convocatoria a un paro nacional para el próximo martes 8 de julio. La jornada persigue intensificar el rechazo a la Ley General de Educación que se tramita en el Congreso.El llamado fue apoyado por otros organismos, como Fenpruss, FECh, Anef y CTC. El presidente de este último gremio, Cristián Cuevas, adelantó que "la vamos a expresar en nuestros sindicatos, pero también vamos a estar en la calle el día 8 de julio acompañando a la CUT y a los estudiantes, porque no va a haber fuerza policial ni política capaz de poner una ley a espaldas del pueblo de Chile".
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, explicó que "nosotros como gremio vamos a paralizar ese día, otros van a cortar calles y caminos, otros sectores se van a manifestar en forma de marcha. Todo vale en una jornada nacional de protesta por un proyecto que quieren imponernos". Y añadió que "creo que es una señal potente para el país, que tiene que recoger la autoridad, y es que las mayorías no queremos esta educación para el país; educación de mala calidad".
Gajardo encabezó anoche una marcha desde la Plaza de Armas hacia el Ministerio de Educación, en la Alameda, para exigir la renuncia de la ministra Mónica Jiménez.
Los profesores iniciaron, asimismo, una campaña de recolección de firmas para demostrar que la ciudadanía está en contra de la LGE. "Hemos juntado cerca de cien mil. Tenemos la intención de llegar al millón de personas, para señalar el descontento que existe".
Consulta de Educación
Las manifestaciones contra la LGE continúan hoy, mañana y el viernes con una consulta nacional organizada por la FECh.
La consulta pide a la población su opinión, a través del voto, sobre el fin al lucro, rol del Estado y la LGE.
Para que la gente pueda participar se habilitarán urnas en distintos colegios y universidades del país.
Acuerdo
Un final feliz tuvo el conflicto entre los alcaldes y el Ministerio de Educación por los descuentos en las subvenciones por los paros. Ayer, la ministra de Educación, Mónica Jiménez, se reunió con la directiva de la Asociación Chilena de Municipios y acordaron devolver los montos a los sostenedores que cooperaron para la normalización de clases. Por esta materia, las municipalidades perdieron nueve mil millones de pesos. Además, se constituyó una mesa de trabajo para tratar la retroactividad de la subvención preferencial, que se empezó a dar en junio.
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